DIVERSIDAD DE
GENERO Y SEXUAL
POLÍTICA DE GENERO
Política Pública Nacional de Equidad de género para las
Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de
violencias
La formulación y ejecución de la Política Pública Nacional
de Equidad de Género para las Mujeres, es un compromiso del Gobierno del presidente
Juan Manuel Santos que se encuentra consagrado en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para todos”. El PND consagra en los
artículos 177 y 179 la obligación de construir de manera participativa, bajo la
coordinación de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
(ACPEM), una Política nacional integral de Equidad de Género para garantizar
los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la
igualdad de género. La adopción de estos artículos fue posible por la
incidencia política de las redes y organizaciones nacionales de las mujeres en
el Consejo Nacional de Planeación.
Atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo, en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional lanzó los Lineamientos
de la política pública nacional de equidad de género para las mujeres y del
Plan integral para garantizar una vida libre de violencias, constituyéndose en
el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para la
superación de brechas y la transformación cultural, que en el horizonte de los
próximos 10 años, contribuyan al goce efectivo de los derechos de las mujeres
en nuestro país. Estos lineamientos fueron construidos a través de un proceso
participativo en diálogo con las redes y organizaciones nacionales de mujeres y
con el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional.
Con fundamento en los principios, objetivos y ejes
desarrollados en los mencionados lineamientos, fue construido el documento
CONPES Social 161 de 2013 que presenta la Política Pública Nacional de Equidad
de Género y precisa el plan de acción indicativo para el período 2013-2016. Las
problemáticas abordadas y priorizadas en este documento, reflejan aspectos
centrales de las desigualdades que afectan a las mujeres en nuestro país,
evidenciando la pertinencia de su tratamiento intersectorial en forma
articulada por parte del Estado. Esto, se logrará a través de la puesta en
marcha de este Plan de Acción Indicativo que precisa objetivos, alcances y
acciones de las entidades involucradas, para avanzar en la superación de las
brechas de inequidad.
Para la operativización del Plan de Acción Indicativo del
CONPES 161, se creó una Comisión Intersectorial mediante Decreto 1930 de 2013,
que también adoptó la Política. La Comisión es la máxima instancia rectora de
la Política Nacional de Equidad de Género para las mujeres, y está integrada
por los representantes de las entidades involucradas. Actualmente el Plan
indicativo se encuentra en implementación para su primer año.
Esta Política Pública pretende enfrentar las problemáticas
que afectan a todas las mujeres
de manera integral y desde una lógica diferencial,
involucrando a la sociedad en su conjunto, para
que se construyan relaciones equitativas entre hombres y
mujeres. En este sentido, el CONPES
está dirigido a las mujeres colombianas de todos los grupos
y sectores sociales sin distinción. Así,
incluye a mujeres, (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas)
urbanas, rurales, pobres,
afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas
como también,
aquellas de diversas opciones sexuales y las que se
encuentran en situación de especial
vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad y las
víctimas de diversas formas de
violencias.
Dadas las particulares formas de discriminación y múltiples
violencias que afectan a
algunos colectivos de mujeres, además de la política pública
que adopta este documento
CONPES, se dispone de instrumentos de política pública
complementarios, como el CONPES
3726 plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas, el
CONPES 147 Estrategia Integral de
Prevención del Embarazo Adolescente, y los que se encuentran
en elaboración.
POLITICA DE SEXUALIDAD
La actualización de la Política Nacional de Sexualidad,
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNSDSDR) se estructura a partir
de los postulados que el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012 - 2021
propone, al definir la sexualidad como una dimensión prioritaria para las
acciones en salud pública, dado su reconocimiento como una condición
esencialmente humana que compromete al individuo a lo largo de todos los
momentos del ciclo vital, lo que permite sustraerla de la mirada exclusivamente
biológica o médica, para también abordarla desde lo social, con todos sus
determinantes dentro de un marco de derechos. Otra condición recogida del Plan,
se relaciona con la superación del paradigma prevalente sobre el cual gravitaba
la salud sexual, asociada a las patologías que la afectan, posición que ha
restringido logros sustanciales, para que la población colombiana, independientemente
de su edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, pertenencia étnica,
cultura, situación económica, nivel educativo, la viva plenamente dentro de un
marco de derechos.
La Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos
reproductivos, es una realidad, gracias al apoyo decidido, comprometido y
generoso de cerca de seiscientas personas pertenecientes a Instituciones del
orden nacional y territorial, entre las que se destacan las Entidades
Territoriales de Salud, Educación, Ministerio Público, Mecanismos de Género,
EPS, IPS,en los departamentos y municipios que fueron focalizados y quienes
desde su experiencia enriquecieron este documento con sus invaluables ideas. Es
importante señalar también que esta Política encuentra sustentación y vínculos
en los instrumentos de derecho internacional y las declaraciones de tales
escenarios en los cuales el país se ha comprometido como, por citar solo
algunos, la III Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo
en 1994 (Informe de la III Conferencia sobre Población y Desarrollo,1994), su
plan de acción y los distintos encuentros
regionales y globales que de ella se desprenden poniendo de
relieve el reciente “Consenso de Montevideo”, donde entre otros, se señalaron los
obstáculos para el logro de los objetivos en materia de derechos sexuales y
derechos reproductivos a pesar del reconocimiento de que estos derechos “son
parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el
goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las
metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza”. (Informe
del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, 2013)
La garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos
tiene como propósito el Bienestar de todas y todos, con sus implicaciones positivas
sobre el desarrollo de las personas, a partir de la libertad e igualdad para salvaguardar
la dignidad humana.
La nueva Política se dirige a la totalidad de los habitantes
del territorio nacional, independientemente de sus circunstancias de
diversidad, armonizada con los enfoques de derechos, género, diferencial, entre
otros, dentro de un modelo de Determinantes Sociales de la Salud.
RESEÑA HISTORICA
La revisión de la PNSSR 2003 - 2007 y su actualización como
PNSDSDR 2014 – 2021, es una oportunidad de revivir la historia cursada para la
defensa de estos derechos en Colombia. Si bien las expresiones Derechos
Sexuales y Derechos Reproductivos, Salud Sexual y Salud Reproductiva se han
generalizado a partir de la III Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo de las Naciones Unidas
(Informe de la III Conferencia sobre Población y Desarrollo, 1994), y su
interpretación se ha llenado de contenido en los últimos veinte años, de modo
tal que al abordar el tema de la reproducción, se reconocen momentos diferentes
que se documentan a partir de la aplicación de las estrategias para controlar
el crecimiento acelerado de la población o “explosión demográfica”. Los datos
relataban que los habitantes del mundo entre 1930 y 1945 se habían duplicado
(Echeverry, 1991), por lo que se pensó en la reducción de los nacimientos.
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