POLÍTICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 2013-2022
El Ministerio de Salud y Protección Social, ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, de forma conjunta con el Consejo Nacional de Discapacidad y el Grupo de Enlace Sectorial –GES-, hacen entrega al país de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013 - 2022, una política nacida del trabajo participativo, intersectorial y concertado, en la que se plasma la realidad de este 6.3% de la población colombiana y a través de la cual se busca asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.
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La Política Pública, más que un documento es un acuerdo de la sociedad colombiana que se encuentra comprometida con la inclusión plena de sus ciudadanos con discapacidad. Ha sido diseñada desde la concentración, dando cabida a las opiniones y propuestas surgidas de los diferentes sectores del Estado, la academia, la sociedad civil y las propias personas con discapacidad como protagonistas activos del proceso.
la Política Pública- incluye a los actores del todos los niveles del Sistema Nacional de Discapacidad y se convierte en una guía que orienta la ruta por la cual se deben dirigir las acciones en materia de inclusión social de las personas con discapacidad, que se implementan en el nivel nacional y en los territorios. Precisamente, la mayor apuesta de esta Política Pública está en los territorios, pues es en ellos donde cada compromiso de Política Pública toma cuerpo e impacta la cotidianidad de los más de dos millones y medio de hombres, mujeres y niños con discapacidad que habitan en Colombia.
Al finalizar el periodo 2013 – 2022 esperamos que al haber cumplido las metas propuestas y plasmadas en este documento, del Caribe a la Amazonia y del Pacifico a la Orinoquia, todo el territorio nacional cuente con procesos sostenibles, pertinentes, de alto impacto y replicables que permitan a las personas con discapacidad participar como miembros activos de la sociedad, y a Colombia ser nutrida por los invaluables aportes que esta población, desde su diversidad, puede hacer para potenciar el desarrollo nacional.
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
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A continuación se presenta el diagnóstico sobre la población con discapacidad, el cual evidencia, entre otros, la existencia de discriminación y desconocimiento de las capacidades de esta población; la respuesta inadecuada de los servicios de salud; la existencia de barreras de acceso a la educación formal, al trabajo y proyectos de emprendimiento y al entorno físico, social, económico, político y cultural; la dependencia económica y baja autoestima; la limitación del desarrollo de sus potencialidades, la de sus familias y cuidadores; y la incipiente información sobre datos estadísticos y carencia de investigaciones relacionadas con el ejercicio y goce pleno de los derechos de las PCD.
ACCESO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A SERVICIOS SOCIALES
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A continuación se presenta el diagnóstico del acceso y condiciones de la PCD en educación, salud, trabajo e ingresos laborales. Para ello se emplea información del SISPRO-RLCPD11 , complementada con información registrada en el SISBEN con corte a abril de 2013, de la ECV 2012, de los resultados de la evaluación institucional y de resultados cualitativos a la Política Nacional de Discapacidad.
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En el mundo, la diferencia entre la tasa de asistencia a nivel primaria entre niños con y sin discapacidad oscila entre el 10% en la India, hasta el 60% en Indonesia.
Por lo que respecta a la enseñanza secundaria, la diferencia en las tasas de asistencia escolar está entre el 15% en Camboya y el 58% en Indonesia. Incluso en países con altos porcentajes de matriculación en la escuela primaria, como los de Europa oriental, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela. En Colombia, la información reportada muestra que 37 de cada 100 PCD en edad escolar no asisten a un establecimiento educativo.
POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS
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Colombia se ha caracterizado por ser un país con un amplio sentimiento religioso, Esto conlleva a que la mayoría de los ciudadanos exterioricen y materialicen su religiosidad a través de un estilo de vida definido por su creencia y a expresiones colectivas “coherentes y ordenadas y casi siempre sistemáticas, de una creencia o afirmación que incorpora ritos, credos, oficiantes y adeptos, seguidores, creyentes o practicantes, relacionados entre sí del modo más conforme con los fundamentos implícitos o explícitos de la misma, y que procuran, en casi todos los casos, explicar las causas de la existencia y facilitar el ejercicio de algunas conductas íntimas y familiares, que sin ellas no se realizarían o se realizarían de otro modo,específico y garantía para la realización efectiva de los derechos presentes en el diario vivir de los ciudadanos.
El reconocimiento de la libertad religiosa y de cultos como un derecho fundamental en la . Constitución de 1991, ha significado un avance en materia de garantías a las libertades religiosas.
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La Ley Estatutaria 133 de 1994, desarrolló este derecho constitucional, brindando no sólo garantías para su ejercicio, sino también delimitando, principalmente, el marco jurídico de reconocimiento, como entidades religiosas, de las iglesias,confesiones, denominaciones, sus federaciones y confederaciones, y asociaciones de ministros, y el ámbito de aplicación del derecho de la libertad religiosa.Lo anterior ha permitido que los ciudadanos colombianos que profesan una religión, vivan y expresen su espiritualidad con mayor libertad, aspecto que ha facilitado, día a día, la construcción de confianza y la apertura a la pluralidad religiosa en el país, reflejada en el crecimiento de entidades religiosas. Da cuenta de ello, el incremento significativo (año a año y con mayor fuerza en los últimos años) de entidades religiosas registradas a partir de 1995 ante el Ministerio del Interior, después de la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 133 de 1994:
EL ESTADO DE LIBERTAD RELIGIOSA E IDENTIDAD RELIGIOSA
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El Estado de libertad religiosa como condición objetiva que procura una política de reconocimiento, busca reconocer la dimensión pública que tienen las religiones a la hora de defender sus propias libertades y convicciones religiosas en la esfera pública, y el desarrollo de su actividad social en procura del bien común, conforme a motivaciones propiamente religiosas. En otras palabras, ésta condición propende por el fortalecimiento de la identidad religiosa a partir del reconocimiento público que brinde el Estado de Derecho. En términos de una teoría de la secularizar, la libertad religiosa no necesariamente implica la privatización de lo religioso sino justamente lo contrario, como lo afirma Casanova: “Mientras que la separación Iglesia – Estado [ política y religión]
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ministerio de Salud, Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/politica-publica.aspx
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